El alza del precio del pasaje del Metro de Santiago, que llegó en horario punta a 1,17 dólares, provocó que miles de santiaguinos salieran a las calles para exigir su rebaja y, pese a que el gobierno anunció congelar el aumento, no amainó el descontento y habitantes de ciudades de todo el país se han replegando por demandas sociales.
El pasado lunes 14 de octubre, decenas de estudiantes comenzaron a evadir el pago del pasaje del Metro de Santiago, uno de los más modernos, seguros, pero costosos de América Latina con relación a los salarios de los habitantes, tras la subida del precio del transporte público de la capital concretado una semana antes.
Cuatro días más tarde, las manifestaciones aumentaron y provocaron el cierre de las 7 líneas del Metro de Santiago por destrozos causados en sus instalaciones.
Entre el viernes y sábado fueron dañadas 77 estaciones, de un total de 136, de las cuales 20 están incendiadas, según datos del Metro.
El ex candidato presidencial y senador partidario al gobierno, Manuel José Ossandón, señaló el sábado a los periodistas que «hay un problema de delincuencia y de violencia», pero reflexionó que es importante ver el «fondo del país que estamos viviendo, de las diferencias sociales tremendas».
Tanto expertos como políticos han señalado a los medios locales que, pese a que el descontento social nació por el alza de la tarifa del Metro, esta fue la punta de lanza para exigir otras demandas, como mejoras a la administración de los fondos de pensiones, aumentar la cobertura de la gratuidad en la educación y perfeccionar el acceso a la salud del país sudamericano.
Según el informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicado en febrero de 2019, Chile presenta una alta concentración de la riqueza.
Mientras que la mitad 50 de los hogares menos favorecidos tenía solo un 2,1 por ciento de la riqueza neta del país, el 10 por ciento más rico concentraba dos terceras partes (66,5 por ciento) y el 1 por ciento más rico el 26,5 por ciento.
Entre las manifestaciones sociales, cuya violencia aumentó exponencialmente entre el viernes a la fecha, se han reportado decenas de saqueos en supermercados a lo largo de todo Chile, destrucción de inmobiliario y edificios públicos y un inédito caos social en este país, considerado como uno de los más tranquilos de la región.
A raíz de los incidentes, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró el viernes pasado en estado de emergencia a varias localidades de la región Metropolitana, Valparaíso (centro) y del Biobío, para luego anunciar toque de queda, una medida que limita las garantías constitucionales y moviliza al Ejército, en estas zonas.
En tanto, el sábado, producto de los disturbios que se extendieron, se sumaron al toque de queda las regiones de Coquimbo (norte), además del estado de emergencia en las regiones de Antofagasta (norte), O’Higgins (centro), del Maule, Ñuble, Los Ríos y Magallanes (sur).
Todas las personas, desde quienes deben utilizar el aeropuerto hasta los medios de comunicaciones, deben pedir un salvoconducto en las Comisarías (centros policiales) para transitar en el horario no permitido.
Durante la primera jornada de toque de queda, según datos del Ministerio del Interior, en la región Metropolitana se detuvieron a 625 personas, mientras que fuera de la capital se sumaron 91 apresados.
Solo el domingo, el gobierno informó que en los disturbios murieron 10 personas, todas calcinadas tras incendios provocados tras los saqueos a centros comerciales.
Piñera declaró esta noche a los periodistas que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible».
A la fecha, se han notificado incidentes desde Arica, en el extremo norte, hasta Punta Arenas, en la zona austral de Chile.
En la periferia de Santiago, los habitantes se han organizado para que no saqueen los centros comerciales y sus casas, sin importar que en país se han repartido a 9.500 militares.
En la Gran Avenida, que conecta la zona sur y centro de la capital, cientos de personas resguardan las esquinas desafiando el toque de queda, con barricadas de fuego y palos, aunque estas personas también se suman a las demandas sociales, señalaron a Xinhua.
Valentina Peña, habitante de la comuna de Maipú, otra de las zonas periféricas de Santiago y una de las más afectadas por los destrozos, confesó que siente «incertidumbre» y «angustia».
Para el lunes, en Santiago funcionarán parcialmente la Línea 1 del Metro, que conecta de este a oeste la capital, y los buses, mientras que una parte importante de los servicios no funcionarán, como bancos, centros comerciales y universidades.
Fuente: Xinhua